En rueda de prensa, el Dip. Luis Moreno del Partido Encuentro Social (PES) compartió a medios de comunicación las conversaciones públicas que tuvo el presidente de la compañía Consolidated Waters que intenta instalar la desalinizadora en Playas de Rosarito, sobre las intenciones de la planta para llevar agua al Distrito de Agua de Otay, en San Diego.
"Lamentablemente nos damos cuenta que a través de mentiras quieren imponer cosas, más lamentable que un funcionario de gobierno asegure cosas que no son ciertas... Hasta el momento no sabemos que hay detrás de todo este andamiaje técnico-legal del Dictamen 94 de la Comisión de Hacienda", expresó.
El vocero de PES Aarón pallares indicó que los reportes que desde hoy están en manos de todos los diputados del Congreso del Estado, manifiestan que la obra hídrica anunciada por el gobernador Francisco Vega de Lamadrid como la más grande de Latinoamérica se prevé que produzca 100 millones de galones diarios, de los cuales de 25 a 40 millones serán destinados para el Distrito de Agua de Otay, es decir, 4 de cada 10 galones por día será utilizados por residentes del sur de San Diego.
Por su parte Moreno Hernández reveló que el organismo distribuidor de agua al sur del Condado estadunidense ya pidió el permiso presidencial para la creación del acueducto transfronterizo que llevará el agua a Estados Unidos.
"En qué país vivimos que una empresa desalinizadora primero renta instalaciones en Rosarito, luego con 17 millones de dólares les compra el terreno, recibe permisos municipales y estatales y luego entra a la licitación y pide permiso del congreso; no cabe duda que México es un país donde todo se hace al revés", puntualizó.
El legislador tijuanense aseveró que el dictamen 94 tiene cuestiones que no es tan claras como el aspecto financiero de 9 mil millones de pesos que costará construir la empresa, pero el Gobierno Estatal se compromete a pagar contraprestaciones por el orden de los 77 mil millones de pesos.
Además, sostuvo que la parte técnica medioambiental también está en duda, pues que cuando después de tratar el agua, se regrese la sal al mar atentaría la vida de las especies marinas.
"La urgencia de las autoridades para instalar una planta desalinizadora, es parte del susto que quieren imprimir para que la gente crea que no hay agua en Tijuana y Rosarito; pero alguien está cerrando la llave por cuestiones políticas y financiera", apuntó.
Por último, el diputado del PES reiteró que el contrato en dos fases para construir la desalinizadora es ventajoso para la empresa, pues el Gobierno del Estado no está preparado para el gasto de esta manera, "por eso las autoridades tuvieron que encontrar mecanismos para hacer frente a sus compromisos contractuales".