El diputado del Partido Encuentro Social, Luis Moreno Hernández ante el Grupo Político Tijuana reiteró su postura en el sentido de que “el agua es un derecho humano y si hay alguien que la esté cortando, se debe ir a la cárcel” y mostró las conversaciones públicas de accionistas de Consolidated Wather en el sentido de que venderán el agua tratada por la planta en Rosarito al Distrito de Otay.

Aseguró que el proyecto que representaría una deuda de más de treinta años para Baja California no cuenta con las simpatías de los legisladores incluso de algunos pertenecientes a la bancada de Acción Nacional afín al gobernador Vega de Lamadrid, han mostrado sus dudas por la poca claridad que existe en el manejo de los recursos y por la desmedida utilidad que tendrá la empresa.

Reiteró que mientras no se aclare el punto de la posible venta del agua a los Estados Unidos, algo que aseguró no tiene nada de malo, será muy difícil que se puedan lograr los acuerdos necesarios para la aprobación del Dictamen 95 que es el que daría el marco jurídico para la conformación de la Asociación Público Privada, además de que en el documento también se le otorgan facultades a un fideicomiso de fijar las tarifas del agua, algo que actualmente está en manos del Congreso del Estado.